La actividad fue encabezada por la Gobernadora de la Provincia Claudia Aravena y la Seremi de Medio Ambiente María Eliana Vega, quienes destacaron la promulgación de la Ley de Fomento al Reciclaje y de Responsabilidad Extendida del Productor.

La Gobernadora de la Provincia de Linares, Claudia Aravena, junto a la Seremi de Medio Ambiente María Eliana Vega encabezaron la celebración del “Día del Reciclaje”, actividad con docentes de la zona y en donde destacaron además la aprobación de la Ley de Fomento al Reciclaje y de Responsabilidad Extendida del Productor.

La Jefa Provincial informó que esta ley permitirá establecer una política pública eficiente en el manejo de residuos, con este hito, Chile da un paso histórico, al convertirse en el primer país de Latinoamérica en contar con una legislación de este tipo.

“El Gobierno de la Presidenta Bachelet ha tenido un gran compromiso en relación al medio ambiente, y lo que dice relación con la ley, estamos preocupados no sólo en el lugar en el que estamos hoy, sino que también de lo que vamos a dejar para nuestros niños y niñas en un futuro, tenemos que tomar consciencia a través de ello, pero además deben tomar consciencia los productores, de elementos que deben ser reciclados, como las pilas, las botellas plásticas”, manifestó la Gobernadora de Linares.

La nueva normativa permitirá aumentar las tasas de reutilizamiento en el país –que actualmente es del 10%-, disminuyendo así el volumen de desechos que llegan a los rellenos sanitarios y vertederos, promoviendo un cambio cultural en la materia.

“Estamos muy contentos por la promulgación de esta ley por parte de la Presidenta Michelle Bachelet, y quisimos compartir este día significativo con la comunidad de Linares, específicamente con los docentes, los cuales deben inculcarle a sus alumnos y los niños, el fomento al reciclaje, ya que la idea es aumentar lo que se recicla”, agregó María Eliana Vega, Seremi de Medio Ambiente.

Las autoridades gubernamentales destacaron que las tareas de protección del medio ambiente, de combate al cambio climático y de protección contra sus efectos nocivos más urgentes, tienen que ser responsabilidad de todos y todas los chilenos.

La promulgación de la ley

Se regulan seis productos prioritarios: aceites lubricantes; aparatos eléctricos y electrónicos; baterías; pilas; envases y embalajes; y neumáticos. Quienes produzcan o importen estos bienes deben hacerse cargo de ellos una vez que terminan su vida útil, volviendo a las industrias donde fueron fabricados o a las bodegas donde comenzó su distribución.

Por otro lado, los ciudadanos serán parte fundamental de la cadena de reciclaje y deberán separar y entregar el residuo de un producto prioritario a un gestor, contratado por un sistema de gestión.

Se generará una industria del reciclaje, que permitirá la creación de empleos verdes, emprendimientos relacionados con el reutilizamiento y la formalización de más de 60 mil recicladores de base, quienes contarán con una definición especial que les reconocerá como gestores para la Ley de Fomento al Reciclaje y tendrán que certificarse en el marco del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales.

Por su parte, desde los municipios se podrán celebrar convenios con sistemas de gestión y con recicladores de base. La Ley les permitirá pronunciarse sobre solicitudes de permiso para establecer la instalación y/u operación, de sitios de recepción y almacenamiento de productos. Además, tendrán la obligación de separar los residuos en origen, y promoverán la educación ambiental, diseñarán e implementarán estrategias de comunicación, sensibilización, y medidas de prevención.

Adicionalmente, establece nuevas competencias al Ministerio para la gestión de residuos: certificación, rotulación y etiquetado; sistema de depósito y reembolso; ecodiseño; mecanismos de separación en origen y recolección selectiva; mecanismos para manejo ambientalmente racional de residuos; y mecanismos para prevenir la generación de residuos.

Asimismo, dicha cartera deberá implementar y gestionar un sistema de registro y plataforma de información; revisar y autorizar planes de gestión; diseñar e implementar programas de educación ambiental; fiscalizar a través de la Superintendencia de Medio Ambiente, la cual podrá aplicar sanciones que contemplan amonestaciones por escrito y multas de hasta 10 mil UTA ($5.475.960.000), para productores e importadores.